El diputado nacional Esteban Paulón ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que busca establecer Recursos Estratégicos Argentinos S.A. (REA), una empresa minera estatal con participación mayoritaria del Estado. Esta iniciativa, registrada bajo el expediente 1555-D-2026, tiene como objetivo que Argentina asuma el control directo sobre la exploración, extracción, industrialización y comercialización de minerales estratégicos, incluyendo litio, cobre, oro, plata, níquel, cobalto, potasio y tierras raras. La propuesta se enmarca en un contexto de creciente demanda global por estos recursos, especialmente el litio, que es fundamental para la producción de baterías eléctricas.

El modelo de REA se estructuraría como una sociedad anónima con un mínimo del 51% de participación estatal, mientras que hasta un 25% podría ser adquirido por provincias que deseen adherir al proyecto. El resto de las acciones estaría disponible para inversores privados nacionales o extranjeros, aunque con ciertas restricciones. La sede legal de la empresa estaría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con delegaciones en las provincias donde se realicen las operaciones mineras. El directorio de REA estaría compuesto por seis miembros, incluyendo representantes del Poder Ejecutivo, provincias, trabajadores y el sector privado, lo que busca garantizar una gestión más inclusiva y representativa.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el esquema de distribución de las ganancias anuales netas. Según la propuesta, el 21,6% de las ganancias se destinaría a un Fondo Soberano de Desarrollo Argentino, mientras que el 20% se reinvertiría en exploración y expansión. Además, se asignaría un 18% a la educación pública y la ciencia, otro 18% a la transición energética y el medio ambiente, un 14,4% a coparticipación para provincias productoras y un 8% a un Fondo de Mitigación y Compensación Ambiental. Este enfoque busca no solo generar ingresos para el Estado, sino también promover el desarrollo sostenible y la responsabilidad social en las comunidades afectadas.

Desde el punto de vista financiero, el diputado Paulón estima que la primera fase del proyecto requerirá aproximadamente US$ 770 millones, que se financiarían a través de diversas fuentes, incluyendo la transferencia de activos mineros estatales existentes, asignaciones presupuestarias y créditos de organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Se proyecta que un proyecto de litio con una producción de 40.000 toneladas anuales podría generar ingresos brutos de US$ 600 millones, con márgenes operativos del 30%, lo que se traduciría en ganancias netas de aproximadamente US$ 180 millones anuales. A partir del quinto año, se espera que REA sea financieramente autosustentable, lo que podría reducir la dependencia de financiamiento estatal.

El marco ambiental del proyecto es otro aspecto crucial, ya que REA deberá operar bajo estándares internacionales y en cumplimiento con la legislación ambiental vigente en Argentina. Esto incluye la Ley General del Ambiente y la Ley de Glaciares, que prohíbe la explotación en zonas protegidas. Además, se garantiza la consulta previa y la compensación a las comunidades locales, asegurando que sus derechos sean respetados y que se beneficien directamente de las actividades mineras. La transparencia y el control también son pilares fundamentales del proyecto, con la obligación de publicar contratos y estados financieros, así como la auditoría de balances por firmas independientes.

Este proyecto se presenta en un momento en que la demanda global por minerales críticos está en aumento, impulsada por la transición energética y la necesidad de baterías para vehículos eléctricos. Argentina, que forma parte del denominado "triángulo del litio" junto a Chile y Bolivia, tiene la oportunidad de posicionarse como un jugador clave en este mercado. La aprobación de este proyecto podría transformar la manera en que se gestionan los recursos minerales en el país y generar un impacto significativo en la economía local. El Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la ley y otros 90 para aprobar el Estatuto Social de REA, lo que marcará el inicio de un nuevo capítulo en la minería argentina.