El Gobierno argentino ha formalizado un nuevo contrato de concesión para AySA, la empresa que gestiona el servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este nuevo marco, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en la gestión y financiamiento del servicio, destacando la implementación de cortes por mora para usuarios residenciales y la imposición de fuertes multas por falta de pago. Con una vigencia de 30 años y la posibilidad de prórroga por otros 10, el contrato busca avanzar en la privatización del servicio, que ha sido objeto de debate en los últimos años.

El nuevo esquema establece que AySA deberá cubrir el 100% de sus costos operativos a partir de 2024, sin depender de aportes del Tesoro. Este cambio se enmarca en un contexto de fuerte ajuste fiscal y reducción de subsidios, donde la boleta de agua en el AMBA ha aumentado un 418% desde diciembre de 2023. La estructura tarifaria ahora se orienta a garantizar la sustentabilidad económica del servicio, lo que implica que los ingresos deben cubrir costos, inversiones y una rentabilidad sobre el capital. Este enfoque busca eliminar la dependencia de subsidios estatales y hacer que el servicio sea autosustentable.

En términos de tarifas, el nuevo contrato establece que no habrá revisiones integrales de precios hasta 2031, aunque se mantienen mecanismos de actualización periódica. Sin embargo, se ha decidido moderar el ritmo de aumentos, limitando las subas a un máximo del 3% mensual entre mayo y agosto, después de un período de incrementos de hasta el 4% mensual. Esta medida tiene como objetivo proporcionar previsibilidad a los usuarios y facilitar la ejecución de obras necesarias en la infraestructura de agua y cloacas, que presenta desafíos significativos, como el 28% de la red de agua obsoleta.

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo contrato es el endurecimiento del régimen de cobro, que permite cortes de servicio por falta de pago a usuarios residenciales después de 60 días de mora. Además, se establecen recargos por mora que aumentan en función del tipo de usuario, lo que podría generar un impacto directo en la capacidad de pago de los hogares. Este cambio se da en un contexto donde la justicia ha suspendido temporalmente la posibilidad de cortar el servicio a usuarios residenciales, especialmente en casos de vulnerabilidad social.

El nuevo marco de concesión es un paso crucial para la privatización de AySA, que busca atraer inversión privada a través de un operador estratégico. El Gobierno espera recaudar cerca de US$500 millones para pagar deudas, lo que podría mejorar la situación financiera de la empresa. A medida que se avanza en la implementación de este contrato, será fundamental monitorear la reacción de los usuarios ante los nuevos aumentos tarifarios y el impacto que esto tendrá en la percepción pública del servicio de agua y cloacas en la región.