En marzo, el Gobierno argentino logró cerrar las cuentas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) al pisar pagos por casi $2 billones, llevando la deuda flotante a $4,04 billones. Este aumento significativo se produjo en un contexto donde la recaudación fiscal cayó un 8% en el primer trimestre del año, lo que ha generado preocupación sobre la sostenibilidad del superávit fiscal del Gobierno de Javier Milei. La estrategia de demorar pagos a proveedores ha sido clave para mostrar un saldo primario favorable de $4,5 billones, superando la meta de $4,3 billones establecida por el FMI.

La deuda flotante, que se refiere a las obligaciones que el Gobierno tiene con sus proveedores y que no han sido saldadas, creció un 108% en comparación con el mes anterior, cuando se registraron $1,94 billones. Este fenómeno no es nuevo en la gestión actual, ya que se ha observado un aumento similar en administraciones anteriores, como la de Alberto Fernández, donde la deuda exigible también fluctuaba a fin de año. Sin embargo, la situación actual se complica por la caída de ingresos fiscales, que se ha visto afectada por un menor consumo y la baja en sectores industriales clave.

A pesar de la cosecha récord y el boom exportador primario, los ingresos fiscales no logran compensar la caída de recursos. En el primer trimestre, el Gobierno registró ingresos extraordinarios por privatizaciones, como la de la represa del Comahue, que contribuyeron a un aumento del 38,9% en ingresos no tributarios. Sin embargo, el economista Pablo Gerchunoff ha señalado que el equilibrio fiscal que se busca no es real, ya que el Gobierno se encuentra paralizado ante la falta de una reforma que permita una recaudación más progresiva.

Para los inversores, la situación es compleja. La estrategia del Gobierno de pisar pagos puede ofrecer un alivio temporal, pero plantea riesgos a largo plazo. Si el Gobierno no logra estabilizar la recaudación fiscal y continuar con las privatizaciones, podría enfrentar un deterioro en su capacidad de cumplir con sus obligaciones. Además, el hecho de que la deuda flotante no puede superar el 10% del gasto corriente, según las reglas del FMI, significa que el Gobierno deberá actuar rápidamente para normalizar los pagos y evitar sanciones.

Mirando hacia el futuro, el equipo económico del Gobierno espera una recuperación de la actividad económica en el segundo semestre, impulsada por una caída de la inflación. Sin embargo, esto dependerá de la capacidad del Gobierno para implementar políticas que fomenten el crecimiento y la inversión. Los próximos meses serán cruciales, especialmente con la llegada de la cosecha de soja y otros productos agrícolas, que podrían mejorar la situación fiscal si se logran ventas exitosas en el exterior.