La reciente derogación del régimen de Compras Públicas Sostenibles (CPS) en Argentina ha generado preocupaciones significativas que trascienden el ámbito ambiental. Esta medida, implementada mediante la disposición 22/2026 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), podría tener repercusiones directas en las exportaciones y en las inversiones del país. Según Belén Aliciardi, consultora internacional que trabajó en el desarrollo del Manual de CPS, la eliminación de este régimen no solo afecta el compromiso ambiental del país, sino que también podría obstaculizar el objetivo del Gobierno de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que muchos países europeos consideran las CPS como un requisito esencial para el comercio internacional.

Las Compras Públicas Sostenibles son un proceso que integra criterios ambientales y sociales en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Este enfoque busca no solo evaluar el precio de los productos, sino también considerar costos ocultos y el impacto a largo plazo de las decisiones de compra. Aliciardi menciona que, si bien el precio es un factor importante, hay otros costos asociados que pueden ser determinantes, como el uso de trabajo infantil o la contaminación. En este sentido, la derogación del régimen CPS podría llevar a una disminución en la competitividad de Argentina en el mercado internacional, especialmente en Europa, donde las normativas de sostenibilidad son cada vez más estrictas.

Históricamente, Argentina ha estado alineada con las tendencias internacionales en materia de sostenibilidad. Desde la implementación de la Agenda 2030 de la ONU en el año 2000, el país ha trabajado en la creación de normativas que promuevan las CPS. En 2023, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en realizar un Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP) sobre CPS, lo que refleja un avance significativo en la materia. Sin embargo, la reciente derogación pone en riesgo estos logros y podría llevar a una pérdida de confianza por parte de organismos internacionales que apoyaron el desarrollo de estas políticas.

Desde una perspectiva económica, la derogación de las CPS podría tener efectos adversos en las finanzas públicas. La eliminación de un marco normativo que promueve la sostenibilidad puede resultar en un aumento de costos a largo plazo, ya que las compras más baratas pueden no ser las más eficientes. Aliciardi destaca que, en términos de eficiencia energética, un producto que inicialmente parece más costoso puede resultar más económico a largo plazo al reducir los gastos en energía. Por lo tanto, la decisión de eliminar el régimen CPS podría ser contraproducente, no solo desde una perspectiva ambiental, sino también económica.

Mirando hacia el futuro, es crucial que los inversores y analistas estén atentos a cómo esta decisión impactará las relaciones comerciales de Argentina con otros países, especialmente en Europa. La falta de un marco de compras sostenibles podría limitar las oportunidades de exportación y atraer inversiones. Además, el Gobierno argentino deberá considerar cómo esta medida afectará su objetivo de ingresar a la OCDE, un proceso que podría verse complicado si no se reestablecen políticas que alineen al país con los estándares internacionales en materia de sostenibilidad. Las próximas decisiones del Gobierno en este ámbito serán determinantes para el futuro económico del país.