El debate en Uruguay sobre la centralización de la administración de los ahorros jubilatorios individuales en el Estado se ha intensificado, convirtiéndose en el eje más polémico del documento que la Comisión del Diálogo Social presentará al Ejecutivo. Este documento, que también contempla cambios en la edad de retiro y políticas sociales, refleja meses de trabajo entre representantes del gobierno, actores sociales y partidos políticos. La falta de consenso general ha llevado a que el PIT-CNT, la central sindical, declare que "no hay condiciones" para cerrar un acuerdo, aunque reconoce avances en ciertos puntos, como la desvinculación de las AFAP de la administración de las cuentas personales de ahorro.

El PIT-CNT ha señalado que, a pesar de la falta de acuerdo, se han logrado avances significativos en el debate, destacando la desvinculación de las AFAP como un punto crucial. Sin embargo, fuentes sindicales han indicado que no se ofrecerán más detalles hasta que se presente el documento final. Este texto servirá como insumo para que el Poder Ejecutivo elabore proyectos de ley que serán enviados al Parlamento. La intención del gobierno es mantener el pilar de ahorro individual, pero con cambios que busquen mejorar su funcionamiento y reducir costos para los afiliados, lo que podría incluir la centralización de algunas funciones actualmente en manos de las AFAP.

Las AFAP, que han sido responsables de la administración de los ahorros jubilatorios desde su creación en 1996, han expresado su preocupación por la propuesta de centralización. La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) sostiene que los problemas del sistema previsional no se resolverán cambiando la administración de las cuentas, sino aumentando la rentabilidad de las inversiones. Según Anafap, la centralización podría resultar en una pérdida de atención personalizada para los afiliados, quienes han mantenido un vínculo directo con las AFAP durante casi tres décadas. Además, advierten que la propuesta podría llevar a una estatización del sistema, lo que cambiaría la naturaleza competitiva actual a un esquema monopólico estatal.

El economista Ignacio Munyo ha enfatizado que el régimen de AFAP ha sido fundamental para la sostenibilidad financiera del sistema jubilatorio uruguayo. Munyo argumenta que la creación de las AFAP ha fortalecido la credibilidad macroeconómica del país y ha facilitado el acceso a financiamiento en mejores condiciones. La propuesta de centralización, según él, implicaría una estatización de la gestión del ahorro previsional, lo que podría eliminar la competencia entre administradoras y transformar la relación entre el Estado y los gestores financieros.

En cuanto a la edad de retiro, el PIT-CNT ha propuesto volver a los 60 años, pero con incentivos para que los trabajadores permanezcan en el mercado laboral hasta los 65 años. Esta medida busca ofrecer condiciones más favorables para los sectores de menores ingresos, quienes enfrentan mayores dificultades laborales. Además, se están considerando cambios en el sistema de transferencias sociales, con el objetivo de unificar y mejorar los montos de asistencia, así como ampliar la cobertura para reducir la pobreza. Estos cambios podrían tener un impacto significativo en la economía uruguaya y, por ende, en la región, dado que el sistema previsional uruguayo ha sido considerado un modelo en Latinoamérica.