La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile se encuentra en una situación complicada debido a un desfase en la reliquidación de deudas con las empresas generadoras de energía, acumulando una deuda que supera los USD 800 millones entre 2020 y 2024. Este desfase está relacionado con el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el precio que las distribuidoras cobran por el servicio de electricidad y que es fijado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). La tardanza en la autorización para cobrar esta deuda ha generado incertidumbre sobre el impacto que tendrá en las tarifas eléctricas que pagan los consumidores chilenos.

El problema se agrava al considerar que la SEC tardó 294 días en autorizar a las empresas a cobrar la deuda, a pesar de que el decreto supremo que lo permitía fue publicado el 21 de abril de 2025. Finalmente, el proceso de cobro comenzó el 9 de febrero de 2026. Este retraso ha llevado a que las distribuidoras deban calcular cuánto cobraron en comparación con lo que debieron haber recibido, un proceso que está sujeto a intereses y que podría resultar en aumentos significativos en las cuentas de luz para los clientes.

Los economistas tienen opiniones divididas sobre las razones detrás de este retraso. Algunos, como el economista Jorge Hermann, sugieren que hay un trasfondo político que busca trasladar la responsabilidad de este problema tarifario al gobierno actual, mientras que otros, como el ex director ejecutivo de Empresas Eléctricas Rodrigo Castillo, argumentan que la demora es simplemente técnica y habitual en procesos de gran magnitud. Esta situación refleja una falta de claridad en la gestión de las tarifas eléctricas y podría tener repercusiones a largo plazo en la confianza de los consumidores y en la estabilidad del sector energético.

Para los inversores, la situación es preocupante. Un aumento en las tarifas eléctricas podría afectar el consumo y, por ende, la rentabilidad de las empresas que dependen de la electricidad. Además, la incertidumbre sobre el nuevo VAD que regirá entre 2024 y 2028, que aún no ha sido publicado, podría generar más complicaciones en el futuro. Los inversores deben estar atentos a cómo la SEC manejará esta deuda y las posibles implicancias en la regulación del sector eléctrico.

A futuro, es crucial monitorear la publicación del nuevo VAD y cómo esto impactará las tarifas eléctricas. También será importante observar si la SEC implementará cambios en su proceso de gestión para evitar que situaciones similares se repitan. La próxima reunión de la CNE para discutir el nuevo VAD está programada para el próximo trimestre, lo que podría ser un punto de inflexión para el sector energético en Chile y su relación con los consumidores y las empresas distribuidoras de electricidad.