El Gobierno argentino ha admitido que los salarios de los trabajadores registrados han perdido poder adquisitivo en el primer trimestre de 2026, en un contexto de inflación acelerada que ha sido impulsada, entre otros factores, por el aumento de los combustibles debido a la guerra en Medio Oriente. Según estimaciones del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín, las principales paritarias del sector privado acordaron aumentos promedio de 1,7% en enero, 0,8% en febrero y 2,3% en marzo, cifras que se encuentran por debajo de la inflación de esos meses, que fue de 2,9%, 2,9% y 3,4%, respectivamente. Esto ha llevado a una caída del salario conformado promedio de los 27 principales convenios colectivos, que se redujo en un 2% en términos reales en marzo en comparación con febrero y acumuló una baja de 5% interanual frente a marzo de 2025.

El análisis de la Secretaría de Trabajo revela que en siete de los últimos ocho meses se ha registrado una pérdida de capacidad de compra promedio en los acuerdos paritarios. En términos nominales, el salario promedio de convenio subió 1,3% en marzo, lo que es insuficiente para cubrir la inflación mensual del 3,4%. De los 27 convenios analizados, solo cinco lograron incrementos iguales o superiores al índice de precios al consumidor (IPC) de ese mes, lo que indica un rezago significativo en la recomposición salarial.

La divergencia en los datos salariales se debe a las diferentes metodologías de medición. Mientras que el Índice Salarial (IS) del Indec cayó a 96 puntos, el salario medio del empleo privado registrado, medido por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se ubicó en 103 puntos en febrero de 2026. Esta diferencia se explica porque el IS mide remuneraciones regulares y permanentes, mientras que el SIPA incluye adicionales y componentes variables. La Secretaría de Trabajo ha argumentado que las paritarias establecen pisos salariales que deben considerar la situación de empresas pequeñas o regiones más rezagadas, lo que puede limitar el crecimiento salarial en sectores más dinámicos.

El deterioro salarial se produce en un contexto más amplio de cambios en el mercado laboral. Desde fines de 2023, el empleo formal ha caído en 261.000 puestos, mientras que los trabajadores por cuenta propia han crecido en 427.000. Además, la informalidad se mantiene en torno al 43% del mercado laboral. Este panorama se complica aún más por el aumento de los gastos no discrecionales, que ha llevado a que la proporción del salario destinada a vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones pase del 31% al 40% entre noviembre de 2023 y finales de 2025.

A futuro, el Gobierno espera que la desinflación comience en abril, tras diez meses sin desaceleración, y que se inicie un período de bonanza. Sin embargo, los acuerdos paritarios firmados hasta el momento están por debajo de las variaciones esperadas para el IPC del Indec. La recuperación de los salarios reales dependerá de la evolución de la inflación y de la capacidad del Gobierno para implementar políticas efectivas que promuevan un crecimiento sostenido del empleo y los ingresos en un contexto de incertidumbre económica.