Intendentes de diversas provincias argentinas, liderados por Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, y Fernando Espinoza, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), se movilizarán esta semana hacia el Ministerio de Economía de la Nación. El objetivo de esta movilización es presentar un reclamo formal para que se retrotraigan los precios de los combustibles al 1 de marzo de este año y que los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles se utilicen para financiar obras públicas. La concentración está programada para el próximo martes a las 11 frente a la sede del ministerio, donde entregarán un documento con sus demandas.

El reclamo surge en un contexto de creciente presión sobre las finanzas municipales, exacerbada por el aumento del precio de los combustibles, que se ha visto incrementado en un 24% desde marzo debido a la crisis en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz. Los intendentes argumentan que el gobierno nacional está recibiendo una significativa recaudación por el impuesto a los combustibles, que asciende a 3.5 billones de pesos, pero no está destinando esos recursos a las obras viales necesarias. Katopodis enfatizó que un tercio del costo de cada carga de combustible va a las arcas del Estado, sugiriendo que hay recursos suficientes para atender ambas demandas.

La situación se complica aún más por la disminución de la recaudación en los municipios, que ha llevado a muchos intendentes a tomar decisiones difíciles sobre la continuidad de servicios esenciales. La caída en la cobrabilidad de tasas y los recortes en la coparticipación federal han dejado a muchas municipalidades en una situación financiera precaria, lo que obliga a los jefes comunales a priorizar ciertos servicios sobre otros. Esto ha resultado en la paralización de obras que deberían haber sido financiadas por el gobierno central, afectando la infraestructura local y la calidad de vida de los ciudadanos.

Desde el gobierno, se ha señalado que están en conversaciones con empresarios del transporte para normalizar los servicios, pero los intendentes critican que estas reuniones no han dado resultados concretos. La falta de acción ha llevado a un aumento en el descontento social, ya que muchos ciudadanos enfrentan dificultades económicas adicionales debido a los altos precios de los combustibles, que impactan en el costo de vida general. La situación es particularmente crítica para las pequeñas y medianas empresas, que se ven obligadas a absorber estos costos, lo que a su vez afecta el empleo y la estabilidad económica en las comunidades.

A medida que se acerca la fecha de la movilización, es probable que el gobierno de Milei se vea presionado a responder a estas demandas, especialmente en un contexto donde la opinión pública está cada vez más atenta a la gestión de los recursos públicos. Los intendentes han manifestado que esta no es la primera vez que se movilizan; ya lo hicieron en abril de 2024, cuando exigieron respuestas ante el impacto de las políticas de ajuste en sus finanzas. La respuesta del gobierno a estas demandas podría tener implicaciones significativas para la estabilidad política y económica del país en los próximos meses, especialmente si se considera la proximidad de elecciones locales y la necesidad de mantener el apoyo popular.