La Contraloría Regional del Maule ha confirmado la presunta responsabilidad administrativa del alcalde de Río Claro, Américo Guajardo, por el manejo irregular de más de $1.100 millones en fondos educativos. La investigación reveló que existía una diferencia neta de $1.143.809.693 entre los saldos bancarios y los fondos no utilizados al cierre de 2020, lo que pone de manifiesto un descontrol financiero significativo en el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Este escándalo ha generado preocupación en la comunidad y ha llevado a cuestionar la gestión del alcalde, quien ha intentado minimizar la gravedad de la situación al atribuirla a problemas de previsión social.

La irregularidad se centra en el manejo de las cuentas corrientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Según el informe de la Contraloría, se utilizaron recursos de diversas fuentes para cubrir déficits operacionales mediante maniobras realizadas bajo un “decreto alcaldicio”. Funcionarios del DAEM han declarado que estas acciones fueron ejecutadas bajo la orden directa del alcalde, a pesar de las advertencias sobre la ilegalidad de dichos movimientos. Este tipo de manejo de fondos públicos es un tema delicado en Chile, donde la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la confianza ciudadana.

El alcalde Guajardo ha defendido su gestión, señalando que las multas e intereses que se debieron pagar se debieron a retrasos en el pago de las cotizaciones previsionales en el área de educación. Sin embargo, la Contraloría ha decidido aplicar sanciones, incluyendo multas del 25% de la remuneración diaria y amonestaciones por escrito a los exjefes del DAEM y al jefe de Finanzas. La situación ha llevado a que el futuro del alcalde dependa del Cuerpo de Concejales de Río Claro, quienes deberán decidir si presentan los antecedentes ante el Tribunal Electoral Regional para buscar su remoción por notable abandono de deberes.

Desde una perspectiva financiera, este escándalo podría tener repercusiones en la confianza de los inversores y en la gestión de recursos públicos en la región. La falta de transparencia y el mal manejo de fondos educativos pueden afectar la percepción de estabilidad en la administración pública, lo que podría influir en decisiones de inversión y financiamiento en proyectos educativos y sociales. Además, la gestión de Guajardo podría ser un indicador de problemas más amplios en la administración pública en Chile, donde la corrupción y la falta de rendición de cuentas han sido temas recurrentes.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las acciones del Cuerpo de Concejales y si se tomarán medidas adicionales contra el alcalde. La fecha de presentación de los antecedentes ante el Tribunal Electoral Regional será un momento clave para observar, ya que podría definir el rumbo político de Río Claro. Asimismo, la respuesta de la comunidad y la opinión pública frente a este escándalo será determinante para la gestión de futuros proyectos educativos y la confianza en las autoridades locales.