Un reciente informe del Banco Mundial ha puesto en el centro del debate el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, calificándolo como una "política industrial fallida". Este diagnóstico se basa en un análisis exhaustivo que revela un alto costo fiscal, estimado en aproximadamente 1.070 millones de dólares anuales, y una falta de resultados tangibles en términos de productividad y exportaciones. El documento fue presentado durante las reuniones de primavera del organismo, donde también participó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

El régimen de Tierra del Fuego, implementado en 1972 mediante la ley 19.640, fue diseñado inicialmente para fomentar el desarrollo industrial en una región remota de Argentina. A pesar de que ha logrado un crecimiento poblacional significativo, pasando de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, el informe destaca que este crecimiento no se ha traducido en mejoras productivas. De hecho, el Banco Mundial señala que el esquema ha generado "incentivos perversos" que han socavado el objetivo original de fomentar la innovación y la competitividad en la industria local.

El costo fiscal del régimen representa aproximadamente el 0,22% del Producto Interno Bruto (PBI) de Argentina, lo que equivale a más del doble del presupuesto del Conicet y cerca del 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología. Esto pone de relieve la carga que este régimen impone sobre las cuentas públicas, mientras que los consumidores han enfrentado precios más altos en productos electrónicos debido a la falta de competencia en el mercado. A pesar de los beneficios otorgados a la industria electrónica, el informe indica que no se han observado avances significativos en la calidad de los productos ni en la capacidad exportadora del sector.

Desde el punto de vista de los inversores, este informe plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del régimen de Tierra del Fuego. La falta de condiciones claras de desempeño y un plan de transición para reducir la asistencia han perpetuado distorsiones en el mercado. Esto podría llevar a una reevaluación de las inversiones en la región, especialmente en el sector electrónico, donde los márgenes de ganancia podrían verse afectados por la presión fiscal y la falta de competitividad. Además, el informe sugiere que la política industrial actual no se alinea con las tendencias globales hacia la innovación y la creación de valor agregado.

A futuro, los inversores deben estar atentos a posibles cambios en la política industrial de Tierra del Fuego, especialmente en el contexto de las discusiones sobre su continuidad y eventual reformulación. La próxima revisión del régimen, que se extenderá hasta 2038, podría ser un punto de inflexión para la industria local. La presión del Banco Mundial y otros organismos internacionales podría llevar al gobierno argentino a reconsiderar su enfoque hacia la promoción industrial, lo que podría tener implicaciones significativas para el panorama económico de la región y para la competitividad de las empresas locales en el mercado global.