La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, ha defendido los controles sobre las transacciones inmobiliarias, especialmente en el contexto del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En una reciente entrevista, Tato enfatizó que los escribanos están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre las operaciones que involucran a Personas Políticamente Expuestas (PEP). Esta aclaración surge tras las declaraciones de la escribana de Adorni, quien generó dudas sobre la necesidad de verificar el origen de los fondos en la compra de un departamento por u$s230.000, donde Adorni solo pagó u$s30.000 en efectivo.

Tato explicó que los escribanos realizan reportes sistemáticos mensuales que incluyen la condición de funcionario del cliente, sin importar el monto de la transacción. Este procedimiento busca garantizar la transparencia en el manejo de fondos, especialmente en operaciones que involucran a figuras públicas. La presidenta del Colegio también hizo una distinción entre el trámite administrativo de rutina y el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que se activa cuando se detectan irregularidades en el origen de los fondos. Según Tato, es raro que se autoricen operaciones en esos casos, ya que generalmente los clientes no pueden justificar la documentación requerida.

La controversia ha escalado en medio de una investigación del fiscal Gerardo Pollicita sobre presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en relación a Adorni. La operación en cuestión ha sido calificada como inusual por expertos, dado que el 87% del valor del inmueble fue financiado a través de una hipoteca. Este tipo de transacciones despierta preocupación en un contexto donde la transparencia y la legalidad son fundamentales, especialmente para funcionarios públicos que manejan recursos del Estado. La defensa de los procedimientos notariales por parte de Tato se produce en un momento crítico, donde la reputación del gobierno podría verse afectada.

Desde el Colegio de Escribanos, se ha confirmado que están colaborando con la justicia, enviando toda la documentación requerida para esclarecer la situación. Además, la institución tiene la potestad de iniciar expedientes internos que pueden llevar a la destitución de un escribano, incluso antes de que se emita una condena judicial. Esto subraya la seriedad con la que se toman las irregularidades en el ejercicio de la profesión, donde todos los escribanos deben justificar el origen de los ingresos de sus clientes, sin excepciones.

A medida que avanza la investigación, se han activado medidas como el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, lo que podría tener repercusiones significativas en su carrera política. Los inversores deben estar atentos a cómo se desenvuelven estos casos, ya que la percepción pública y la confianza en las instituciones pueden influir en el clima de inversión en Argentina. La situación también podría afectar la estabilidad del mercado inmobiliario, especialmente si se intensifican las investigaciones sobre la transparencia en las transacciones de figuras públicas, lo que podría llevar a un mayor escrutinio en el sector.

En el futuro, será importante monitorear los avances de la investigación judicial y las posibles repercusiones en la regulación de las transacciones inmobiliarias. La fecha de la próxima audiencia en el caso de Adorni podría ser un punto de inflexión que determine la dirección de la opinión pública y la confianza en el gobierno. Los inversores deben estar preparados para adaptarse a un entorno que podría volverse más restrictivo en términos de supervisión y regulación, lo que podría impactar en la dinámica del mercado inmobiliario en Argentina.