La inversión en infraestructura en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, cayendo a solo el 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, la cifra más baja en al menos medio siglo. Este descenso se ha visto acentuado por el freno casi total de la obra pública nacional desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. En comparación, durante la crisis de 2001, la inversión en infraestructura llegó al 1,1% del PBI, lo que resalta la gravedad de la situación actual. La falta de inversión pública ha dejado obras paralizadas y ha generado un entorno donde la inversión privada se convierte en la única opción viable, aunque también enfrenta desafíos significativos.

En Córdoba, la situación ha sido inicialmente más favorable gracias a las políticas de inversión implementadas por las administraciones provinciales. Un ejemplo destacado es la obra de la Circunvalación de Río Cuarto, que requiere una inversión de 300 millones de dólares, de los cuales 250 millones han sido asegurados a través de financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y otros bancos privados. Sin embargo, la caída de la actividad económica y la disminución de la recaudación están comenzando a afectar la capacidad de financiamiento de la provincia, lo que podría ralentizar el ritmo de las obras en el futuro cercano.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción en Córdoba, Horacio Berra, ha expresado su preocupación por un escenario “alarmante”, donde muchas empresas del sector enfrentan dificultades financieras. La falta de mantenimiento en la infraestructura existente está llevando a un deterioro acelerado, lo que incrementa los costos de reparación y podría resultar en la necesidad de reconstrucción total en algunos casos. Esto no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también plantea riesgos para la competitividad de los sectores productivos que dependen de una infraestructura adecuada.

A nivel nacional, la situación es crítica. La administración de Milei ha cancelado algunas deudas acumuladas con empresas de Córdoba, pero ha dejado muchas obras en un estado de incertidumbre. La perspectiva para 2026 no muestra signos de mejora, ya que se espera que la inversión pública continúe siendo prácticamente inexistente. La única esperanza radica en las concesiones privadas que se han licitado recientemente, pero estas no son suficientes para cubrir las necesidades urgentes de infraestructura del país.

Mirando hacia el futuro, la salud financiera de las empresas del sector construcción es preocupante. La actividad ha disminuido significativamente, y se estima que se han perdido alrededor de 50,000 empleos en los últimos dos años. En enero de 2024, había 432,000 empleos registrados en la construcción, pero para enero de 2026, este número se ha reducido a 386,000. La falta de inversión y el deterioro de la infraestructura podrían llevar a una mayor caída en el empleo, lo que afectaría aún más la economía local y nacional. Los próximos meses serán cruciales para observar si la provincia puede mantener su enfoque estratégico en la inversión en infraestructura, a pesar de las restricciones económicas que enfrenta.