El próximo gobierno de Perú se encuentra ante la oportunidad de gestionar una economía en crecimiento, con una inversión privada que ha mostrado un aumento significativo, alcanzando un crecimiento de dos dígitos por primera vez en 14 años, excluyendo el rebote post-pandemia. Este crecimiento ha sido acompañado por un notable avance en el empleo formal privado, que ha registrado uno de los mayores incrementos en más de una década, lo que ha contribuido a una reducción de la pobreza, que se estima cerrará el 2025 en alrededor del 25%. Sin embargo, este contexto favorable se ve amenazado por propuestas de algunos partidos que lideran las encuestas, que podrían debilitar los pilares económicos establecidos.

El dinamismo económico se produce en un entorno internacional positivo, donde los términos de intercambio han alcanzado su nivel más alto desde 1950, impulsados por el aumento en los precios de minerales como el oro y el cobre. A pesar de estas condiciones favorables, el año electoral tiende a moderar las decisiones de inversión y consumo del sector privado, lo que podría afectar el crecimiento proyectado. La nueva administración deberá abordar reformas estructurales pendientes, especialmente en el mercado laboral y la seguridad ciudadana, que son desafíos cruciales para traducir el crecimiento económico en bienestar general.

En el ámbito laboral, aunque el empleo y los ingresos en Lima Metropolitana han superado los niveles prepandemia, la recuperación ha sido desigual, con un 14,5% de los jóvenes menores de 29 años aún por debajo de esos niveles. La alta informalidad, donde tres de cada cinco jóvenes trabajan en condiciones informales, limita su acceso a protección social y reduce su productividad. Para abordar esta situación, es fundamental avanzar en una agenda de formalización que reduzca las barreras a la contratación formal y promueva un entorno competitivo que incentive la creación de empleo de calidad.

La inseguridad también representa un desafío significativo, afectando la actividad económica y convirtiéndose en la principal preocupación de la población. Las denuncias por extorsión han aumentado drásticamente, lo que refleja el avance de economías ilegales y redes criminales. La respuesta del Estado ha sido limitada, lo que requiere una estrategia integral que fortalezca la coordinación institucional y mejore la gestión de recursos para garantizar la seguridad. Sin avances en este ámbito, los costos económicos y sociales de la criminalidad seguirán limitando el desarrollo del país.

La próxima administración tiene la responsabilidad de resguardar los pilares que han permitido un crecimiento sostenido, baja inflación y reducción de la pobreza. Esto incluye establecer reglas claras para impulsar la inversión privada, mantener la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y garantizar un manejo prudente de las cuentas fiscales. Sin embargo, algunas propuestas de los partidos que lideran las encuestas, como la convocatoria a una asamblea constituyente, amenazan la seguridad jurídica y la estabilidad económica. A un día de la primera vuelta electoral, es crucial evaluar los riesgos asociados a estas propuestas y su potencial impacto en la economía peruana y, por extensión, en la región, incluyendo a Argentina, que podría verse afectada por cambios en la dinámica comercial y de inversión en Perú.