Fitch Ratings ha decidido ratificar la calificación crediticia de México en 'BBB-' con una perspectiva estable, lo que indica que, a pesar de los desafíos fiscales, la situación no ha llegado a un punto crítico. Sin embargo, la agencia ha emitido alertas sobre el deterioro fiscal, el aumento de la deuda pública y los riesgos asociados a la petrolera estatal Pemex. La deuda del gobierno mexicano alcanzó el 54.6% del PIB en 2025 y se prevé que supere el 58% hacia 2027, impulsada por déficits elevados, un crecimiento económico débil y transferencias recurrentes a Pemex, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

A pesar de mantener ciertas fortalezas, como finanzas externas sólidas y una economía diversificada, Fitch ha señalado que la consolidación fiscal se volverá más compleja. Los ingresos del gobierno son limitados, el gasto social está aumentando y hay poco margen para recortar la inversión pública. En este sentido, el apoyo a Pemex seguirá siendo necesario, ya que la empresa ha recibido alivio en 2025 y ha logrado reducir sus pérdidas en el área de refinación. Sin embargo, Fitch considera incierto que los nuevos proyectos de Pemex logren estabilizar la producción, lo que añade un nivel de riesgo adicional a la calificación.

En el ámbito macroeconómico, Fitch proyecta un crecimiento del PIB de solo 1.7% para 2026, lo que refleja un panorama débil. La inflación, por su parte, ha repuntado a un 4.59% anual en marzo, en un contexto donde el Banco de México ha comenzado a relajar su política monetaria. Esta combinación de bajo crecimiento y aumento de precios podría complicar aún más la situación fiscal, ya que un entorno inflacionario puede limitar la capacidad del gobierno para generar ingresos adicionales.

Las implicancias para los inversores son significativas. Un mayor deterioro fiscal o un aumento más acelerado de la deuda podrían llevar a una rebaja de la calificación crediticia de México, lo que afectaría la percepción de riesgo en los mercados. Esto podría traducirse en un aumento de los costos de financiamiento para el gobierno y, por ende, para las empresas que dependen de financiamiento externo. Además, la incertidumbre en torno a Pemex podría afectar a los inversores que tienen exposición a la industria energética, tanto en México como en otros países de la región.

De cara al futuro, es crucial monitorear la evolución de la deuda pública y las decisiones del gobierno en relación con el gasto social y la inversión. La situación de Pemex será un punto focal, especialmente si se materializan pasivos contingentes que puedan impactar las finanzas del gobierno. Los próximos meses serán clave para observar si el gobierno logra implementar medidas efectivas para estabilizar la situación fiscal y si el crecimiento económico se recupera, lo que podría influir en la calificación crediticia en el corto y mediano plazo.