La Corte Constitucional de Colombia ha declarado inexequible el Decreto 1390 de 2025, que establecía una emergencia económica con el objetivo de recaudar cerca de $11 billones. Esta decisión se produce casi cuatro meses después de que el gobierno de Gustavo Petro decretara la emergencia en diciembre, tras el fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso. La votación fue de seis a dos, con dos magistrados presentando un salvamento parcial de voto, lo que resalta la división en la Corte sobre este tema crítico.

El magistrado Carlos Camargo, quien presentó la ponencia que llevó a la anulación del decreto, argumentó que el gobierno había vulnerado los principios democráticos y de separación de poderes al asumir competencias que no le corresponden. La Corte había suspendido provisionalmente los efectos del decreto desde el 29 de enero, lo que generó incertidumbre sobre la legalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Este fallo es significativo no solo por su contenido, sino también por las implicaciones que tiene para la estabilidad institucional en Colombia.

Las medidas que el gobierno pretendía implementar incluían un aumento en la tarifa del IVA para licores y un nuevo impuesto al patrimonio para personas naturales con patrimonios superiores a $2.094 millones. Además, se contemplaba una sobretasa del 15% en el impuesto de renta para el sector financiero, lo que podría haber afectado la rentabilidad de las entidades bancarias. La anulación de estas medidas podría tener un efecto inmediato en la recaudación fiscal, que ya se encuentra comprometida, y en la capacidad del gobierno para enfrentar desequilibrios presupuestales.

Desde el sector empresarial, la decisión ha sido recibida como un precedente importante que reafirma la necesidad de respetar los mecanismos democráticos en la creación de políticas fiscales. Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, enfatizó que no se puede imponer tributos por decreto en estados de excepción, lo que protege la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Esto es crucial en un contexto donde la deuda pública ha aumentado significativamente, pasando de $800 billones al inicio del gobierno de Petro a aproximadamente $1.300 billones.

Mirando hacia el futuro, el presidente Petro ha anunciado su intención de presentar una nueva ley de financiamiento para abordar los desequilibrios presupuestales. Si esta nueva ley no es aprobada, el gobierno podría optar por declarar una nueva emergencia económica, lo que podría reavivar el debate sobre la legalidad de tales medidas. Los próximos meses serán clave para observar cómo el gobierno maneja su agenda fiscal y si logra obtener el apoyo necesario en el Congreso para sus iniciativas.