La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del partido gobernante, aprobó el 10 de abril de 2026 una nueva ley de minería que busca abrir el sector a inversiones privadas y extranjeras. Esta medida se produce en un contexto de relajamiento de las restricciones impuestas por Estados Unidos, que busca estimular el capital externo en el país. La ley revoca regulaciones anteriores de 1999 y 2015, permitiendo a empresas nacionales y extranjeras explorar y explotar minerales estratégicos, incluyendo oro. Las concesiones otorgadas tendrán una duración máxima de 30 años, con posibilidad de prórroga por dos períodos adicionales de 10 años cada uno.

El nuevo marco legal establece que las reservas minerales seguirán siendo propiedad del Estado, y las disputas se resolverán a través de arbitraje. Además, se implementará un royalty de hasta el 13% sobre el valor bruto de la producción mineral y un impuesto de hasta el 6% para las empresas que realicen actividades primarias de minería. El Banco Central de Venezuela será el encargado de la venta de oro, lo que indica un control estatal significativo sobre este recurso estratégico. La aprobación unánime de la ley por parte de la Asamblea Nacional refleja un consenso político en torno a la necesidad de atraer inversiones para revitalizar la economía del país.

Desde la llegada de la presidenta interina Delcy Rodríguez, el gobierno ha buscado atraer a inversores, especialmente de Estados Unidos, con la promesa de garantías legales y de seguridad. Rodríguez ha mencionado que 120 potenciales inversores del sector energético han visitado el país desde su asunción, lo que sugiere un interés renovado en el sector. Sin embargo, empresarios del sector minero han expresado que los incentivos aún son insuficientes y que es crucial que Estados Unidos acelere las licencias y autorizaciones necesarias para facilitar la inversión.

La ley de minería se presenta como una oportunidad para que las empresas extranjeras ingresen a un mercado que ha estado cerrado durante años debido a las políticas de nacionalización y control estatal. Venezuela tiene una deuda significativa con conglomerados industriales y empresas de petróleo y minería, lo que podría complicar la recuperación del sector. La reciente autorización de Estados Unidos para ciertas transacciones relacionadas con el oro venezolano podría ser un indicio de un cambio en la dinámica de inversión, aunque los desafíos persisten.

A futuro, será importante monitorear cómo se implementa esta ley y si realmente se traduce en inversiones concretas. La respuesta de los inversores, especialmente de aquellos en el sector energético y minero, será crucial para determinar si Venezuela puede atraer el capital necesario para revitalizar su economía. Además, la evolución de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, así como el impacto de la situación política interna, influirán en el clima de inversión en el país.