La Contraloría General de la República de Chile ha revelado irregularidades que suman más de $1.500 millones en el Hospital de Los Ángeles, ubicado en la Región del Bío Bío. Este hallazgo se basa en dos informes de auditoría recientes que identificaron gastos sin respaldo, pagos por servicios no acreditados y fallas en los procesos de contratación. Las irregularidades han llevado a la apertura de procedimientos disciplinarios y a la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Servicio de Impuestos Internos.

Entre las irregularidades más destacadas se encuentran pagos realizados sin la documentación adecuada, lo que incluye desembolsos por servicios de aseo, seguridad, mantenciones y apoyo logístico. La Contraloría ha señalado que algunos de estos pagos corresponden a horas no trabajadas, así como a mantenimientos de equipos médicos que ya habían sido dados de baja. Estas observaciones han generado reparos por un total de $1.112 millones, lo que pone en evidencia la falta de control en la gestión de recursos públicos en el hospital.

Además, se han detectado problemas en los procesos de compra y contratación, donde el hospital realizó adquisiciones por cerca de $477 millones mediante trato directo, sin justificación adecuada para no recurrir a otros proveedores. También se identificó la contratación de servicios externos para funciones que deberían ser parte de las labores habituales del recinto, lo que plantea serias dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos. La Contraloría ha indicado que estas irregularidades comprometen principios básicos de control y eficiencia.

El impacto de estas irregularidades no solo afecta la confianza pública en la gestión del hospital, sino que también podría tener repercusiones financieras significativas. La apertura de sumarios administrativos para determinar responsabilidades internas y la remisión de antecedentes al Ministerio Público podrían resultar en sanciones y multas, lo que afectaría la capacidad operativa del hospital y su financiamiento. Para los inversores, esto podría traducirse en un aumento en la percepción de riesgo asociado a la inversión en el sector salud en Chile, especialmente en instituciones públicas.

A futuro, será crucial monitorear cómo se desarrollan las investigaciones y si se implementan medidas correctivas en la gestión del hospital. La Contraloría ha indicado que los antecedentes serán analizados por la Fiscalía, lo que podría llevar a un proceso judicial. Las fechas de estos procedimientos y las decisiones que se tomen serán determinantes para evaluar el impacto a largo plazo en la confianza del público y en la administración de recursos en el sector salud chileno.