La reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica ha generado un debate significativo en México, especialmente en relación con el ahorro para el retiro de los trabajadores. La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha asegurado que esta legislación no representa un riesgo para los fondos de pensiones, ya que todas las inversiones se realizan bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Esta ley permite el uso de hasta un 30% de los recursos de las Afores para financiar obras públicas, un límite que, según Amafore, ya existía en la regulación anterior y no se ha modificado con la nueva legislación.

Desde el 25 de octubre de 2024, la Consar había actualizado el régimen de inversión para instrumentos estructurados, permitiendo este mismo porcentaje. La Amafore ha enfatizado que los comités de inversión de cada Afore evaluarán los proyectos de manera independiente y profesional, asegurando que solo se destinarán recursos a aquellos que sean rentables y cumplan con los filtros técnicos y de riesgo establecidos. Este enfoque busca garantizar que los ahorros de los trabajadores se utilicen de manera responsable y efectiva, sin abrir la puerta a un uso discrecional de los fondos.

La ley fue aprobada el 7 de abril con 84 votos a favor y 28 en contra, y su objetivo es fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura pública a través de la colaboración entre los sectores público, privado y social. Actualmente, las Afores ya destinan entre el 8% y el 9% de sus recursos a inversiones en infraestructura, utilizando instrumentos como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y los Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs). Este marco legal busca facilitar una mayor participación del sector privado en proyectos estratégicos, lo que podría resultar en un aumento significativo de la inversión en infraestructura en México.

El gobierno mexicano ha proyectado una inversión total de 5.6 billones de pesos en infraestructura durante su mandato, lo que representa una oportunidad considerable para el crecimiento económico del país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que estos esquemas de financiamiento están diseñados para ser responsables y tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que generan empleo y conectan mejor al país. Las experiencias previas, como la inversión en el aeropuerto de Puerto Escondido y la carretera de Compostela-Tepic, demuestran que la inversión mixta puede ser efectiva si se gestiona adecuadamente.

Para los inversores, la implementación de esta ley podría significar un cambio en la dinámica de inversión en infraestructura en México, lo que podría atraer más capital privado y generar mayores rendimientos a largo plazo. Sin embargo, es fundamental monitorear cómo se llevarán a cabo estas inversiones y qué proyectos serán finalmente aprobados. La próxima revisión de los comités de inversión y la evaluación de los proyectos propuestos serán cruciales para determinar el impacto real en los ahorros de los trabajadores y en el desarrollo económico del país.