La decisión del juez federal Ariel Lijo de levantar el secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de la Nación, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y financiero argentino. Esta medida, que también afecta a su esposa Bettina Angeletti y a su empresa AS Innovación Profesional, tiene como objetivo investigar un posible enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita había solicitado previamente esta acción, y ahora tiene luz verde para rastrear cada movimiento financiero de la pareja desde enero de 2022.

La investigación se centra en la reconstrucción de la evolución patrimonial, económica y financiera de Adorni y Angeletti. Pollicita busca verificar el origen de cada peso, contrastando las declaraciones juradas con los gastos, inversiones y consumos reales del matrimonio. La orden judicial es amplia e incluye cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y cualquier producto financiero a nombre de Adorni o su esposa. Esto podría tener implicaciones significativas en la percepción pública del gobierno y en la confianza de los inversores en el entorno político argentino.

Desde el 1 de enero de 2022, el fiscal ha solicitado al Banco Central que informe sobre toda la operatoria financiera de Adorni y Angeletti. Esto incluye una revisión exhaustiva de ingresos y egresos, transferencias, depósitos en efectivo y préstamos, entre otros. La intención es establecer si los movimientos económicos del matrimonio están respaldados por ingresos trazables y consistentes con su capacidad económica declarada. Este tipo de auditoría es crucial en un país donde la corrupción y el enriquecimiento ilícito han sido temas recurrentes en la política.

El levantamiento del secreto fiscal también se extiende a seis mujeres que aparecen como prestamistas o acreedoras de Adorni en distintas operaciones. La Justicia investigará sus movimientos financieros, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación. La fecha de inicio de la auditoría es clave, ya que permite observar el patrimonio de Adorni antes de su ingreso a la función pública, lo que podría revelar cambios significativos en su situación financiera.

A medida que avanza la investigación, se espera que Pollicita solicite más información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Adorni y Angeletti. La comparación de estos datos con los movimientos bancarios reales será fundamental para determinar si hay inconsistencias que puedan configurar un enriquecimiento ilícito. La respuesta del Banco Central y la AFIP será determinante para los próximos pasos de la causa, y podría afectar la imagen del gobierno y la confianza de los inversores en el país.