El Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) ha advertido que la posible eliminación de las apuestas online en Brasil, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, podría llevar al mercado a la informalidad. Según el IBJR, esta medida no solo eliminaría mecanismos de protección para los apostadores, sino que también podría resultar en una reducción significativa de la recaudación fiscal, estimada en R$ 10,8 mil millones anuales. Esta situación se presenta en un contexto donde el mercado ilegal de apuestas ya representa aproximadamente el 51% del sector, moviendo cerca de R$ 40 mil millones al año.

El IBJR, que representa alrededor del 75% de las empresas de apuestas en Brasil, sostiene que la regulación es la herramienta más efectiva para garantizar la protección de los consumidores y el bienestar de las familias brasileñas. En su comunicado, la asociación enfatiza que el verdadero desafío radica en combatir las plataformas clandestinas que operan sin supervisión. La falta de regulación podría abrir la puerta a un aumento en el juego ilegal, lo que afectaría tanto a los apostadores como a la economía nacional.

Además, el IBJR refutó las preocupaciones del gobierno sobre el endeudamiento de los apostadores, señalando que el gasto en apuestas representa solo entre el 0,2% y el 0,5% del consumo total de las familias brasileñas. En contraste, la principal causa del sobreendeudamiento en el país se atribuye al uso del crédito, específicamente a las tarjetas de crédito, que afectan al 80,4% de los hogares. Las plataformas de apuestas reguladas están prohibidas de aceptar pagos mediante tarjetas de crédito o criptomonedas, lo que busca mitigar el riesgo de endeudamiento.

La regulación del sector de apuestas online en Brasil se considera una de las más avanzadas del mundo, con requisitos estrictos para la identificación de usuarios y medidas de seguridad para proteger a los menores. Las empresas deben implementar procesos de verificación de identidad y reconocimiento facial, así como límites de tiempo de juego y herramientas de autoexclusión. Estas medidas buscan crear un entorno de juego más seguro y responsable, lo que contrasta con la falta de controles en el mercado informal.

En términos de recaudación, el gobierno federal obtuvo R$ 9,95 mil millones en impuestos de las plataformas reguladas el año pasado. Cada operador de apuestas paga aproximadamente R$ 30 millones en licencias para operar en el mercado regulado por un período de cinco años. La eliminación de estas regulaciones podría resultar en la pérdida de ingresos fiscales vitales para el desarrollo social del país y, al mismo tiempo, exponer a los brasileños a un mercado marginal y sin control.

A futuro, es crucial observar cómo se desarrollarán las discusiones en torno a la regulación de las apuestas online en Brasil. La postura del gobierno y la presión de la industria serán determinantes en la definición del futuro del sector. La necesidad de un diálogo constructivo entre el IBJR y el gobierno se vuelve esencial para encontrar un equilibrio que permita la protección de los consumidores y la sostenibilidad del mercado formal de apuestas.