La agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) ha tomado la decisión de rebajar la calificación de Colombia a largo plazo en moneda extranjera de ‘BB’ a ‘BB-’, manteniendo una perspectiva estable. Esta decisión se fundamenta en los preocupantes desequilibrios fiscales que enfrenta el país, donde se prevé que el déficit fiscal del gobierno central alcance el 5,6% del PIB en 2026, un aumento respecto al 5,3% del PIB proyectado para 2025. Esta situación se agrava por el alto nivel de endeudamiento del Gobierno, lo que ha llevado a S&P a expresar su preocupación sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo del país.

El informe de S&P también destaca que, aunque la política fiscal actual está impulsando marginalmente el empleo y el crecimiento económico, las expectativas de inflación han aumentado considerablemente. Esto se traduce en un escenario donde el déficit por cuenta corriente se ha ampliado y la deuda externa ha crecido, lo que podría tener repercusiones negativas en la confianza de los inversores. La calificación a largo plazo en moneda local también ha sido ajustada, pasando de ‘BB+’ a ‘BB’, reflejando la misma preocupación por la gestión fiscal del país.

El contexto político en Colombia también juega un papel crucial en esta situación. La reciente controversia entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Junta Directiva del Banco de la República ha intensificado las tensiones. La decisión de la Junta de aumentar la tasa de interés en 100 puntos básicos, llevándola del 10,25% al 11,25%, ha sido un punto de fricción, ya que el Gobierno busca una política monetaria más flexible para estimular el crecimiento. Este enfrentamiento podría afectar la credibilidad del banco central y, por ende, la calificación de riesgo del país.

Desde una perspectiva de inversión, la rebaja de la calificación soberana podría tener implicaciones significativas. Los inversores que poseen bonos colombianos podrían enfrentar un aumento en los costos de financiamiento, lo que podría traducirse en mayores tasas de interés para nuevos préstamos y emisiones de deuda. Además, la falta de confianza en la política fiscal y monetaria podría llevar a una fuga de capitales, afectando la estabilidad del peso colombiano y generando presiones inflacionarias adicionales.

A futuro, la perspectiva estable de S&P sugiere que la calificación podría ser revisada dependiendo de cómo el Gobierno maneje su déficit fiscal y la credibilidad del banco central. Las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, y la posible segunda vuelta el 21 de junio, son eventos clave que podrían influir en la dirección de la política económica del país. Un entorno político más predecible podría ayudar a estabilizar las expectativas de inflación y fomentar la inversión, que ha sido históricamente baja en comparación con otros mercados emergentes, promediando solo el 17% del PIB entre 2021 y 2026.