El juez federal Humberto de Vasconcelos Sampaio, de la 1ª Vara Federal del Río de Janeiro, ha concedido una medida cautelar que suspende la alícuota del 12% del impuesto de exportación sobre el petróleo crudo y minerales betuminosos. Esta tasa fue establecida por la Medida Provisoria 1.340/2026 y su suspensión afecta a importantes empresas del sector, como TotalEnergies, Repsol Sinopec, Petrogal, Shell y Equinor, que en conjunto produjeron 791 mil barriles de petróleo en febrero, lo que representa el 20% de la producción nacional de Brasil. Este volumen es superior a la media de exportaciones de Petrobras en 2025, que alcanzó un récord de 765 mil barriles por día.

La suspensión del impuesto se aplica a todas las operaciones realizadas por estas empresas desde el inicio de la vigencia de la medida, el 12 de marzo. Este impuesto fue introducido con el objetivo de financiar una subvenção de R$ 10 mil millones para el diesel, que se traduce en R$ 0,32 por litro. Sin embargo, el sector energético estima que la recaudación podría alcanzar los R$ 30 mil millones, lo que ha generado un debate sobre la sostenibilidad de esta carga fiscal en un contexto de precios elevados del petróleo.

El magistrado argumentó que la medida del gobierno tiene un carácter recaudatorio y no se limita a una simple modificación de la alícuota, lo que podría afectar la competitividad de las empresas en el mercado internacional. Las petroleras han expresado que este impuesto las coloca en desventaja frente a competidores internacionales, ya que encarece el precio del petróleo exportado y podría violar principios de seguridad jurídica y libre competencia. En un evento reciente, representantes de estas empresas manifestaron que la inestabilidad fiscal podría influir en sus decisiones de inversión en Brasil.

El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, defendió el impuesto, argumentando que busca transferir los beneficios de los precios altos del petróleo a los consumidores brasileños. Sin embargo, los líderes de la industria han señalado que el aumento de la carga tributaria puede desincentivar la inversión en un sector crítico para la economía brasileña. En este sentido, el presidente de Shell en Brasil, Cristiano Pinto da Costa, destacó que en Brasil, dos de cada tres barriles producidos se destinan a impuestos, en comparación con solo uno en Estados Unidos.

De cara al futuro, la situación fiscal en Brasil y la capacidad del gobierno para implementar políticas que fomenten la inversión en el sector energético serán cruciales. La decisión del juez Sampaio podría ser un indicativo de un cambio en la percepción sobre la carga tributaria en el sector, lo que podría influir en las decisiones de inversión de las empresas petroleras en el país. Los inversores deberán estar atentos a la evolución de este tema, especialmente en el contexto de la próxima revisión fiscal del gobierno y sus implicancias para el mercado energético brasileño.