La construcción de la doble trocha en la ruta nacional 5, que conecta Mercedes con Suipacha, ha sido nuevamente paralizada debido a la falta de pagos por parte del gobierno nacional. Esta obra, que había sido incluida en la Ley Bases y había sobrevivido a recortes iniciales, se encuentra detenida y ha llevado a la UTE conformada por CPC SA y Vial Agro SA a despedir a la mayoría de su plantilla de trabajadores. La ruta 5 es fundamental para el agro argentino y para el transporte de insumos hacia Vaca Muerta, donde se realiza la extracción de petróleo mediante fracking.

La paralización de la obra se produce en un contexto donde el gobierno de Javier Milei había decidido no avanzar en ciertos proyectos de infraestructura. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que se había planificado retomar este tramo en 2024, dada su importancia estratégica y el nivel de ejecución alcanzado. A pesar de esto, la reactivación fue breve y se vio afectada por la falta de pagos, lo que ha generado un clima de incertidumbre entre los trabajadores y las comunidades locales que dependen de esta infraestructura.

Desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, la obra había sido adjudicada a CPC Construcciones en enero de 2022 por un monto de $4323 millones, equivalente a aproximadamente 39 millones de dólares de aquella época. Este tramo de 30 kilómetros ha sido objeto de controversia, ya que la misma empresa había sido previamente sancionada por incumplimientos en 2018. A pesar de estos antecedentes, la obra fue nuevamente adjudicada, lo que ha suscitado críticas sobre la gestión de las licitaciones y la supervisión de las obras públicas en el país.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza ha expresado su preocupación por la paralización de esta obra, señalando que su detención afecta gravemente al interior de la provincia de Buenos Aires, una región que es clave para la producción y la economía nacional. La falta de infraestructura adecuada ha llevado a un aumento en los accidentes viales en la zona, lo que subraya la urgencia de continuar con la construcción de la autovía. Vaccarezza también ha criticado el nuevo esquema de concesiones del gobierno, que prioriza el mantenimiento sobre la construcción de nuevas infraestructuras.

A medida que se acerca la fecha de reactivación prevista para mediados de 2024, es crucial monitorear el avance de las negociaciones entre el gobierno y las empresas involucradas para asegurar que se realicen los pagos necesarios. La situación actual plantea un riesgo significativo para la conectividad y la seguridad vial en una región que es vital para el transporte de mercancías y el desarrollo económico. La falta de acción podría agravar la situación de las comunidades locales y afectar la logística de sectores clave como el agro y la energía en Argentina.