La Procuración del Tesoro de la Nación ha presentado un recurso de apelación contra la medida cautelar que suspendió varios artículos de la Ley de Modernización Laboral (LML). Este recurso, firmado por la abogada Mayra Rafaela Cosentino y patrocinado por el Procurador Sebastián Javier Amerio, argumenta que la decisión del juez que emitió la cautelar fue 'prematura y ligera'. La apelación se centra en la competencia del fuero, alegando que la Nación, como parte demandada, debería ser juzgada en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia Nacional del Trabajo.

El Estado sostiene que la acción de la CGT es una 'indagación meramente especulativa', ya que la central obrera impugnó casi 50 artículos de la ley sin demostrar un perjuicio real y directo. Según la apelación, cualquier daño debería ser probado por cada titular del derecho afectado en casos individuales, en lugar de utilizar un control de constitucionalidad abstracto que podría convertir al Poder Judicial en un órgano consultivo. Esta postura se apoya en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los casos 'Rizzo' y 'Corrales', que refuerzan la falta de competencia del fuero laboral en este contexto.

En el documento de apelación, el Estado también critica la 'conducta errante' del magistrado de primera instancia, quien suspendió el artículo 55 de la Ley 27.802, relacionado con la actualización de créditos laborales, pero luego revocó su propia decisión. Este cambio de postura se utiliza para argumentar que la norma podría ser beneficiosa para los trabajadores en ciertas jurisdicciones, lo que refuerza la idea de que no existe un daño universal que justifique la cautelar. La apelación destaca la 'gravedad institucional' de suspender una ley emanada del Congreso que tiene efectos colectivos a nivel nacional.

Además, el Estado argumenta que la CGT no tiene legitimación colectiva para representar a todos los trabajadores, incluidos aquellos que no están registrados. La medida cautelar, según el Estado, confunde la cuestión de fondo y viola el sistema de control de constitucionalidad en Argentina. La apelación busca que la Cámara revoque la medida cautelar, argumentando que prioriza intereses particulares sobre el interés público, que el Estado identifica con la generación de empleo formal y la reactivación económica que busca la nueva ley.

Este conflicto legal tiene implicaciones significativas para el mercado laboral argentino y podría influir en la percepción de los inversores sobre la estabilidad y la dirección de las políticas laborales en el país. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la interpretación de la Ley de Modernización Laboral y su aplicación en el futuro. Los próximos pasos incluyen la revisión de la apelación por parte de la Cámara, lo que podría suceder en las próximas semanas, y será crucial observar cómo se desarrollan los argumentos legales y las decisiones judiciales en este contexto.