La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó un fallo significativo que obliga al municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, a abrir sus cuentas relacionadas con la recaudación de la tasa vial. Este municipio, que gestiona una red de aproximadamente 600 kilómetros de caminos rurales, recaudó cerca de $1000 millones el año pasado, además de recibir coparticipación provincial por el inmobiliario rural. La sentencia no solo exige transparencia en la administración de estos fondos, sino que también refuerza el derecho de acceso a la información pública, un principio esencial para el control ciudadano.

El origen de esta decisión judicial se remonta a un pedido de la Sociedad Rural de Baradero, que en 2025 solicitó información sobre la gestión económica del municipio, incluyendo ingresos, egresos y balances. Ante la falta de respuesta adecuada, el caso fue llevado a la Justicia, que en primera instancia ya había reconocido el derecho de acceso. La Cámara ha confirmado este criterio, subrayando que la información sobre recursos públicos debe ser accesible para todos los ciudadanos, sin necesidad de justificar un interés particular. Este fallo se enmarca en un contexto más amplio de reclamos por mayor transparencia en la gestión pública en diversos municipios de la provincia.

La situación de los caminos rurales en Baradero ha sido motivo de preocupación durante años. Según Bruno Violi, presidente de la Sociedad Rural de Baradero, el estado de estos caminos es crítico, con algunas áreas que no han recibido mantenimiento en más de 50 años. A pesar de que se habían realizado esfuerzos previos a través de un consorcio que duró un año y medio, la falta de continuidad en las reparaciones ha llevado a un deterioro significativo. Este fallo judicial, aunque positivo en términos de acceso a la información, no resuelve de inmediato los problemas prácticos que enfrentan los productores en la región.

El abogado Pablo Torres Barthe, representante legal de la entidad ruralista, destacó que el fallo permite acceder a información clave sobre cómo se calcula la tasa y cómo se gastan los fondos recaudados. Sin embargo, la Cámara también estableció que no toda la información solicitada debe ser entregada sin restricciones, protegiendo ciertos datos que podrían comprometer la privacidad o seguridad de las personas. Este equilibrio entre transparencia y protección de datos sensibles es un aspecto crucial del fallo.

Este pronunciamiento judicial se produce en un contexto donde varios municipios bonaerenses han enfrentado críticas por la falta de claridad en la composición de las tasas rurales. Productores en localidades como Necochea y Azul han denunciado incrementos significativos en las cargas fiscales locales, lo que ha generado un llamado a la acción para que los gobiernos locales informen de manera precisa sobre el destino de los fondos que perciben. La resolución de Baradero refuerza este reclamo y podría sentar un precedente importante para futuras demandas de transparencia en la gestión pública en la provincia.